La cámara empresarial rechaza un proyecto con media sanción que modifica condiciones laborales y los gremios afirman que sólo se busca mejorar.

Aunque recién tiene media sanción del Senado, el proyecto de ley para regular las condiciones laborales de los empleados de los call centers ya agitó las aguas de los empresarios del sector, que pronostican un fuerte achicamiento de esa actividad, en el país y en Córdoba, si la normativa es convertida en ley.

De la mano de un dólar alto y con salarios que estaban más quietos porque había menor inflación, la actividad de los call centers tuvo su pico en 2008, con 70 mil empleados en todo el país y 25 mil en Córdoba. Pero después, con un dólar planchado y el aumento de los salarios, la actividad perdió competitividad. Algunas empresas comenzaron a emigrar a otras provincias o a países que ofrecen incentivos impositivos y sueldos más bajos en dólares.

Ante el proyecto impulsado por el senador radical Ramón Mestre, los empresarios abren el paraguas: afirman que entre 2005 y 2011, los salarios de los call centers treparon 265 por ciento; advierten que entre 2008 y este año cayeron 11 mil puestos de trabajo en todo el país y alrededor de cinco mil en Córdoba; y que la exportación de servicios se perdió totalmente.

Además, aseguran que el costo final por hora en Córdoba llega a 8,36 dólares por hora y en Estados Unidos es de 10,14 dólares, mientras que en Perú está en torno a los cuatro dólares la hora.

El proyecto mestrista –sancionado por unanimidad el 27 de julio pasado por la Cámara Alta– fija un estatuto para los teleoperadores de los centros de atención de llamadas (call centers). Actualmente, esa actividad está regulada por un convenio específico en el marco del gremio de los empleados de comercio. Apunta sobre todo a regular aspectos que hacen a un mayor descanso para evitar problemas que afectan la salud de los empleados.

Si bien la Cámara de Empresas de Servicios de Contactos para Terceros de la provincia de Córdoba dice que no se opone a una regulación por ley de la actividad, considera que la propuesta de Mestre es “parcial” y cuestiona que incrementará en 27 por ciento el costo laboral del sector, lo que se traducirá en un fuerte achicamiento de la actividad.

Desde la Cámara aseguran que no fueron consultados por Mestre y pretenden, cuando la propuesta se trate en Diputados, “sentarse en una misma mesa, empresarios, sindicalistas, el Gobierno”, junto con el senador cordobés”, según indicó su vocero, Fernando Argüello Pitt. La iniciativa se trataría después de los comicios del 23 de octubre.

Mestre retrucó a los empresarios y señaló que “no sólo conversó con ellos sino que les armó una reunión con el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz) y con la cámara de call centers nacional”.

Pero, además de la disputa que se plantea por el proyecto, en Córdoba también hay una pelea por la representación gremial de los empleados, que actualmente está en manos de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (Agec), que conduce el kirchnerista Pablo Chacón.
Tras una despedida masiva en un call center de origen español, en Córdoba se constituyó la Asociación de Trabajadores de Centros de Contactos y Afines de Córdoba, que el 26 de febrero de 2007 obtuvo la inscripción gremial a través de la resolución 2.511 firmada por el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada.

Esa asociación, que encabeza Walter Franzone, va ahora por la personería gremial y asegura que ya cuenta con 4.400 afiliados, porcentaje que la habilitaría para convertirse en el sindicato del sector.

Tanto el gremio de comercio como la asociación que le disputa la representación coinciden en respaldar el proyecto de Mestre. Chacón sostuvo que “avala totalmente” la iniciativa y que buscará apoyo para que sea sancionada en Diputados, mientras que Franzone la considera “un avance”.
Desde la cámara empresaria cordobesa, sólo reconocen como interlocutor al gremio mercantil por haber sido designado por Trabajo para tener la representación convencional de los empleados de los call centers.

Admiten que “si por alguna otra razón, en el marco de la normativa, los trabajadores eligen otro sindicato, cumplirán con la ley y hablarán con ese gremio. No tenemos problema”, afirmó un directivo.

Por ahora, la cámara rehúye cualquier diálogo con la nueva asociación y la desconoce como interlocutora.
Desde esa entidad, señalan que Comercio no defiende gremialmente a los empleados y aseguran que pretenden mantener un diálogo con los empresarios, fundamentalmente sobre las condiciones laborales y en el futuro discutir un convenio que sea conveniente para ambas partes.
Actualmente, todos los empleados de los call centers aportan un 2,5 por ciento de sus salarios como contribución de convenio al gremio mercantil. Esa contribución representa casi un millón de pesos mensuales para la Agec.

El año que viene vencerá las exención al impuesto a los Ingresos Brutos que hace una década les otorgó el entonces gobernador José Manuel de la Sota, ahora elegido nuevamente. Y los empresarios descuentan que esa exención, que ya alcanza al 95 por ciento de la industria, seguirá vigente.
La cámara dice que hay una gran desazón. Y los sindicalistas y muchos empleados dicen que sólo quieren mejorar las condiciones laborales.